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La ley Ómnibus nos tira del colectivo

Por Elvio Zanazzi | Escritor. Coordinador de ediciones de Editorial De la Comarca

El proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional deroga 300 leyes vigentes votadas por el Parlamento argentino. Tal medida supone la pérdida de derechos populares que costó años conquistar a fuerza de lucha y movilización. En relación con la Cultura la mega ley pretende cerrar instituciones como el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional del Teatro (INT), además de desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), y derogar la Ley 25.542 que garantiza un precio único en la venta de libros.

La Ley 25542 establece que los editores deben definir el precio de los libros que publican y que ese precio debe respetarse en todos los puntos de venta en librerías, desde la más pequeña a la más grande.

El espíritu de la ley reafirma que el libro no es solo una mercancía sino un bien cultural. El precio fijo favorece el fortalecimiento de la industria editorial nacional.

La desregulación perjudica a las librerías pero también a las editoriales independientes que hacemos un esfuerzo enorme para promover la literatura, las ideas, el debate y la lectura. Perjudica también a las imprentas y fundamentalmente a quienes ejercen el oficio de escribir y a quienes disfrutan el ejercicio de leer, y manda al ocaso a las bibliotecas populares.

Las beneficiarias del proyecto Milei son las multinacionales que copan el mercado editorial, que monopolizarán con esta liberación de precios el sube y baja que más les convenga, como sucede con los alimentos y cualquier sector concentrado de la economía que deriva en precios impagables.
Tanto el DNU como el proyecto de ley Ómnibus son gravísimas injerencias del Poder ejecutivo nacional en los demás organismos del Estado cuya representación parlamentaria –al igual que el Presidente- fue proclamada por el voto democrático.

La cultura también está en peligro, los libros están en peligro, las editoriales estamos en riesgo de sostenimiento, las librerías medianas y pequeñas, también, y las bibliotecas tienen un destino de cierre. Que esta ley salga significaría una catástrofe social y cultural y sentaría un precedente monárquico que remonta al pasado lejano en el que el poder lo ejercían unos pocos a costa del sacrificio de las grandes mayorías.

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Trabajadores del libro en lucha permanente contra el DNU y la ley ómnibus

Fuente: Typeo

Grupo de trabajadores del libro en la Marcha del 16 de diciembre de 1982 por la apertura democrática.

La megadevaluación y el DNU 70/23 dictados por el gobierno de Javier Milei ya ponían en serio riesgo la continuidad del campo editorial argentino; ahora, la “Ley Ómnibus”, presentada el 27/12 para tratarse en sesiones extraordinarias, martilla los clavos sobre el ataúd de una gran porción del sistema cultural argentino y arrastra tras de sí innumerables puestos de trabajo, instituciones, espacios, oficios e industrias involucradas en su quehacer.

El efecto de la megadevaluación y las desregulaciones económicas es el empobrecimiento deliberado del pueblo en su conjunto y, sobre todo, de quienes viven de un salario. Esta situación económica actual pulveriza las posibilidades de acceder a un libro, un bien cultural que se produce en gran medida con materia prima dolarizada y/o a partir de un insumo (el papel) cuyo mercado se encuentra cartelizado. 

El DNU y la “Ley Ómnibus” constituyen una reforma constitucional de facto que solo beneficia a un minúsculo número de corporaciones e intereses extranjeros en beneficio de intereses hiperconcentrados y agrede o intenta exterminar a numerosos sectores productivos del tejido social argentino (con sus respectivas catastróficas consecuencias). En la misma dirección de los gravísimos ataques a los derechos laborales, la seguridad social y la soberanía nacional contenidos en estos textos, el sector del libro es agredido en su funcionamiento y en sus dinámicas de supervivencia.

El proyecto de ley impone una serie de políticas desregulatorias salvajes que implican tanto el cierre definitivo de instituciones de promoción de la cultura en general y de la lectura en particular como el desfinanciamiento de convocatorias públicas de los fondos de fomento para la cultura. Establecidas por leyes sancionadas hace décadas, estas políticas impulsan la producción editorial vinculada a múltiples temáticas, formatos y sectores sociales, la afectación de políticas públicas en materia de perspectiva de género y diversidad social cultural, y promueven la bibliodiversidad y la formación de públicos lectores a lo largo y ancho de nuestro país. Este deterioro sistémico del conjunto de la cadena de valor y de la conformación del mercado social del libro suponen la intención de exterminar la industria nacional del libro en su doble riqueza, material y simbólica, que es un distintivo de orgullo de nuestro país a nivel local y para toda la región hispanoparlante. 

La Ley de defensa a la actividad librera o de precio uniforme del libro no es ningún capricho sectorial sino el eje de la convivencia, existencia y proliferación de la industria del libro y la comunidad que la habita. Esta ley obliga a las editoriales argentinas y a los importadores de libros a fijar un precio de venta a cada título que publiquen o importen respectivamente: ese precio debe respetarse en todo el territorio argentino. El intento de derogar esta ley pone en jaque la oferta equitativa del libro a los habitantes de la nación argentina, fundamentalmente en localidades alejadas de las grandes ciudades. Esto beneficia abiertamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuenta con 15 editoriales cada 100.000 habitantes -a diferencia del resto del país, donde promedia entre 0,2 y 1,6 editoriales cada 100.000 habitantes-. 

Por otro lado, se verán afectados todos los contratos entre autores y editoriales ya que el sistema de sesión de derechos de reproducción y comercialización del libro a cambio de un porcentaje del precio de venta al público de cada ejemplar vendido quedará obsoleto. De igual modo sucederá con los acuerdos de los ejemplares consignados entre editoriales,  distribuidoras y librerías, lo que provocaría un verdadero descalabro organizativo y financiero.

El mayor temor que genera a gran parte del campo editorial argentino la derogación de la ley 25.542 tiene que ver con prácticas similares al dumping (venta al costo) llevadas adelante por grandes cadenas de supermercados, plataformas de venta de libros online y grandes cadenas de librerías.

Ya existen antecedentes, con Amazon como mascarón de proa de este tipo de prácticas. Si se deroga la ley de defensa a la actividad librera, se genera un escenario en el que se promueve que una plataforma online, una cadena de supermercados o de librerías, por su gran capacidad de compra ante las editoriales, pueda conseguir más descuento y ofrecer el mismo producto a precios mucho más baratos que sus competidores, al menos en un primer momento, poniendo en riesgo la continuidad de las librerías de barrio y las pequeñas editoriales que estas exhiben. Una vez eliminada la competencia, y conformadas ya como oligopolios o monopolios, nada evitará que estas plataformas o grandes superficies suban los precios. Por lo tanto, es una falacia que la derogación de esta ley promueve la baja de los precios de los libros. Y esto está demostrado en experiencias de otros países como Brasil o Francia.

Nadie puede engañarse a excepción de quien defiende intereses monopólicos: con esta desregulación no se pretende bajo ningún punto de vista fomentar la competencia sino concentrar el mercado, direccionar la circulación y convertir al libro en un artículo de lujo, privando a las grandes mayorías de tan fundamental e insustituible insumo cultural. A eso nos oponemos y llamamos a cada miembro de esta comunidad y de la Industria del Libro Argentino a mantenerse en estado de asamblea permanente, movilización y lucha por la supervivencia, no solo de nuestros oficios, placeres o trabajos, sino de nuestras formas de vida.

Por eso, sin ninguna duda y con toda convicción llamamos a todx lectorx, trabajadorx o empresarix del libro a decir:

ABAJO EL DNU
NO A LA LEY ÓMNIBUS
NO A LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD LIBRERA

DEFENDER LA INDUSTRIA DEL LIBRO ES DEFENDER LA CULTURA E IDENTIDAD NACIONAL
LA INDUSTRIA DEL LIBRO ES SOBERANÍA.
¡DEFENDAMOSLA!

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Cómo se transformaría la industria del libro si se aprueba la propuesta de la Ley Ómnibus

Por Luciano Sáliche para INFOBAE

En el sector del libro rige una ley, la N° 25.715 —sancionada en noviembre de 2001 y promulgada en enero de 2002—, que se conoce con las siglas PVP: precio de venta al público. Ese precio es uniforme y lo fijan las editoriales. Mediante esta ley, nadie puede vender libros por fuera de ese precio. Se la conoce también como Ley de Defensa de la Actividad Librera porque su objetivo es que los supermercados no puedan vender libros a precios mucho más baratos y así destruir a las librerías. También quedaron protegidas ante la llegada de Mercado Libre. Pero desde hace unos días, en la Ley Ómnibus que presentó el Ejecutivo —que lleva por título “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”—, el artículo 60 dice: “Derógase la Ley N° 25.542 de precio de uniforme de venta al público de libros”.

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Es una ley en la que está de acuerdo todo el gremio: distribuidores, libreros, editores. Surgió de un acuerdo que se hizo en el gremio y está funcionando desde el 2001. Es una de las vacas sagradas: todo el mundo está de acuerdo”, sostiene Juan Manuel Pampín, dueño del sello Corregidor y presidente de la Cámara Argentina del Libro. Para Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura, ocurrirá lo contrario: “la bibliodiversidad va a crecer por muchas razones. Las librerías van a poder especializarse más en sus catálogos al tener una herramienta adicional en el precio”. Desde la librería Macondo, en Chivilcoy, que este año cumple una década, Maxi Gesualdi dice que “es un final medio anunciado” porque “la amenaza es real” y “la competencia, muy desleal”.

Marketing y bibliodiversidad

“Argentina se caracteriza por tener una oferta librera bastante importante, de las más importantes de hecho: una red de aproximadamente 1500 librerías”, asegura Pampín. “Es un entramado de librería pyme muy importante que si se deroga se va a ver muy comprometido. Lo que defiende esta la ley es básicamente la igualdad de precio y que la diferencia la tengas que hacer a partir del servicio y la bibliodiversidad. Países como Colombia, México o Chile, están queriendo copiar nuestra ley. Esto tiene que ver con que nuestra industria librera y editorial es muy fuerte, como el caso de Francia ye España, donde existen leyes similares. El ejemplo más notorio es Inglaterra: cuando se derogó la ley de precio fijo, en un periodo de entre tres y cinco años desaparecieron el 30% de las librerías independientes”.

“Dinamarca, Alemania, Portugal son países donde hay ley de precio fijo. Entendemos que eso es una defensa de la actividad pyme porque es lo que hoy impide que las grandes superficies, sobre todo los supermercados, vendan libros a mansalva. La especialidad de ellos es la competencia por una cuestión de precios”, asegura y luego, al mirar el posible escenario a futuro, dice: “La oferta se achataría, se volvería más gris, y se reduciría muchísimo la bibliodiversidad y la pluralidad de voces”. Pablo Avelluto está en la vereda opuesta: “El mundo tiene las dos políticas. En general, en Europa rige el precio fijo; en Estados Unidos no, en Chile no, en Colombia no. No veo ninguna razón para que los libros deban tener el mismo precio de venta en distintas librerías. Algunas van a poder orientar su oferta más especializada”.

“Estuve siempre en contra de que los libros tuvieran el precio fijado por los editores”, dice quien fue Ministro de Cultura de Mauricio Macri. “Sé que es una posición muy minoritaria porque la mayoría de la industria apoya el precio fijo basándose en el argumento de proteger a las librerías de la competencia con las grandes superficies. Si se liberara el precio, según ellos, pondría en una situación de ventaja competitiva a quienes puedan hacer grandes descuentos por sobre el que los márgenes no le dan para hacerlos. Me parece que cualquier comerciante tiene que poder tener la libertad de utilizar las herramientas comerciales que crea más conveniente para poder vender más de algo o para poder sostener su margen de rentabilidad, independientemente del precio que le fije el editor.

“Las cadenas tienen márgenes muy chicos: una librería que está en un shopping o en una avenida, por ejemplo El Ateneo o Cúspide, que el margen que tienen con los alquileres que pagan y con el hecho de tener que atender de lunes a domingo, como el caso de los shoppings, no les va a dar mucha posibilidad de grandes descuentos”, dice Avelluto y agrega: “Creo que los libros van a estar en general más caros en las grandes superficies, en las cadenas, que en las librerías más chicas, porque esas librerías quizás puedan hacer ‘semana de la literatura argentina’ con 20% de descuento, o ‘mes del policial’ o ‘mes de ensayo de Ciencias Sociales’, y poder tener mayor flexibilidad en los precios. Me parece que es una herramienta que el librero puede usar en un sentido o en otro”.

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“La política de descuentos sí es diferente”, concede el ex ministro y explica: “Una editorial vende un libro a $10 mil al público y probablemente El Ateneo tenga un descuento del 50% sobre ese precio de venta al público. Una librería más chica quizás tenga 35 o 40%. Entonces también juegan mucho los márgenes de cada librero y cómo los quiere usar. Entonces podrá cumplir con el precio sugerido, podrá generar promociones, podrá especializarse y tener mejor surtido. Así como el litro de leche no vale lo mismo en el chino que en el supermercado o en un kiosco 24 horas, con los libros puede pasar lo mismo y habrá lugares donde estén un poquito más baratos y lugares donde estén un poquito más caros. Y donde están más caros quizás te den un mejor servicio, o tienen los libros que estás buscando”.

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Para Avelluto “hay como un exceso de temor” en el reclamo generalizado del sector. En ese sentido sostiene que “en los países donde el precio es libre el editor sugiere un precio. Por lo tanto, es posible que las oscilaciones no sean demasiado grandes”. “No creo que la competencia de los supermercados vaya a ser significativa, porque los supermercados no tienen mucho interés en vender libros porque es un mercado muy, muy pequeño para el consumo masivo. Pero donde sí creo que puede haber alteraciones de precio más significativas es en la venta online de libros. Es decir, vos mañana te ponés una librería que no tiene local a la calle, por lo tanto tenés menos costos, por lo tanto podés vender más barato, hacés todo online o a través de Mercado Libre”, asegura.

Detrás del mostrador

Minutos después del mediodía, la librería Macondo cierra. En ciudades como Chivilcoy se hace horario partido: a la tarde vuelve a abrir. Luego de despedir al último cliente de la mañana, aún con los codos en el mostrador, Maxi Gesualdi habla con Infobae Cultura y explica que con la derogación de la ley “la competencia se va a hacer imposible porque es totalmente desleal”. Y agudiza el análisis: “Hay que entender que estamos en un contexto desfavorable donde los costos fijos van a subir muchísimo. La derogación de la ley de alquileres nos afecta porque estamos alquilando, por ejemplo. Y ni hablar los aumentos en los costos de flete. En Capital y Gran Buenos Aires no es tan grande el costo, porque las editoriales casi que no cobran ese envío. Nosotros acá sí tenemos y ni hablar de librerías en la Patagonia.

Y si el precio deja de ser fijo, ¿acaso no es una posibilidad que una librería de interior le cargue el costo del flete al precio final? “Sí, en teoría uno podría pensar eso, pero yo no puedo competir… Te pongo un ejemplo: el nuevo libro de Rolón, que es el libro más vendido, está $19.900 a precio de venta al público que pone Planeta. En El Ateneo, Yenni, Cúspide, Mercado Libre, la página de Planeta o yo lo tenemos en $19.900. Mañana se deroga esa ley. A mí me lo dejan a $15 mil de costo. Yo lo sigo vendiendo a $19.900 o le aumento un poco para cubrir algún costo extra, pero ellos en su página lo van a vender a 15 mil, igual que me lo venden a mí. Entonces es muy difícil que yo pueda mantener una clientela para solventar el negocio. Es muy difícil”.

“Vos me lo vas a comprar de buena onda, unos amigos también —continúa—, pero acá hay dos librerías en Chivilcoy, dos con espacio físico y que venden novedades: una de las dos va a tener que cerrar en un año. Y Chivilcoy es grande, pero entre la crisis, el salario que ya no alcanza, que se te va en otras cosas, el libro ya es un lujo. El precio del libro está alto respecto al salario, sí, pero que después te compitan de esta manera deslealmente… La esencia de esta ley es que la competencia sea desde otro lado, que no sea por el precio, porque el que tiene menos capital no puede competir. Entonces la competencia es por la atención del librero, por el espacio que crea, por actividades más allá de la venta del libro. Y eso fomentan que las librerías sean espacios abiertos con otro tipo de catálogo que no tenga solo lo que vende”.

“Acá también hay un error: uno cree que derogan esta ley y el precio de venta baja. Ya las editoriales están inflando los precios como para mañana ponértelo un poco más barato a cuando se derogue esta ley. Lo que va a pasar es que cuando eliminen la competencia de las librerías independientes van a empezar a inflar los precios otra vez. No va a bajar el precio real del libro porque para que se pueda bajar hay que atacar esos costos tan altos que tiene el libro: el problema está en el monopolio del papel . O en el valor del flete, que está relacionado al aumento de las naftas. No sólo van a desaparecer muchas librerías, y es tristísimo decirlo, también van a desaparecer editoriales. Muchos autores no van a tener lugar para publicar porque los catálogos de las grandes editoriales tienen una idea comercial”.

Los contratos por derechos de autor

“Lo que sí va a ser complejo, en el caso de que esto se aprobara, es que las editoriales van a tener que rehacer todos sus contratos para comenzar a pagar los derechos de autor sobre los precios netos”, dice Pablo Avelluto, gran conocedor del tema porque trabajo durante muchos años en el sector: fue Director Editorial Cono Sur del grupo Penguin Random House y antes hizo carrera en el Grupo Planeta hasta llegar a ser Gerente Editorial. “Si ya no va a haber un precio fijo, entonces van a tener que subir los porcentajes porque el monto sobre el cual se van a liquidar va a ser un monto menor. Así sucede con los libros digitales, que se que se liquidan sobre el precio neto y no sobre el precio de venta al público”. Hace años que los autores sostienen que el porcentaje que cobran en relación al precio final del libro es ínfimo.

El factor importador

“Hay otro elemento que no se está contemplando”, dice Avelluto: “una mayor liberalización de las importaciones, lo cual también va a hacer que la bibliodiversidad crezca”. Y argumenta: “Si vos podés encargar el libro desde otro país o las propias librerías pueden importar libros con flexibilidad para los precios, como de hecho ocurre con muchos importadores directos, tipo Guadalquivir, ese tipo de librerías donde los precios los fija el que importa, ahí me parece que la bibliodiversidad no va a estar en peligro. Al contrario, la disponibilidad de lo diverso va a crecer en la medida en que tengas más acceso, ya sea que el propio consumidor importe directamente o que las propias librerías puedan importar libros, o las editoriales mismas puedan importar libros con más facilidad”.

¿Quiénes son los triunfadores?

“El pedido de derogación no salió de nuestro gremio. Es como pasa con el tema de la pesca y un montón de leyes que decís: ¿quién las pidió? En nuestro caso, nosotros no la pedimos”, dice Juan Manuel Pampín y agrega que los beneficiados son “las plataformas, sobre todo con el posible ingreso de Amazon en Argentina. Y Mercado Libre, claro. Porque lo que Amazon y MercadoLibre evitan es la intermediación del comercio de cercanía, y plantean saltearse un actor muy importante, que en este caso son las librerías. Y se produce algo parecido a lo que pasó en su momento con Uber y los taxis. Por una cuestión de ecosistema, las librerías necesitan de esa bibliodiversidad: nutrirse de los grandes bestsellers para también vender los libros que no tienen la rotación deseada.

Pablo Avelluto coincide en que “la principal amenaza de las librerías independientes va a ser quienes puedan vender libros de forma online”. Y recuerda la historia de Amazon: “Acordate que empezó vendiendo los libros de la lista de bestsellers del New York Times en la década del 90 con el 30% de descuento, pero no tenía una librería física, era todo online”. Su conclusión es optimista: “La posibilidad de tener un sistema eficiente de logística y envío, no necesariamente a través de MercadoLibre que te cobra una comisión grande, va a permitir que se vendan libros más baratos. Probablemente ahí sí, compitiendo con las librerías, pero será en beneficio también del consumidor, del lector. La posibilidad de que los libreras cuenten con herramientas comerciales y de marketing no es necesariamente negativa”.

“No sabemos quién escribió esta Ley Ómnibus”, dice Maxi Gesualdi. “Yo estoy entre dos teorías: o Milei es un anarquista que quiere desregular todo o es más neoliberal y quiere dejarle el campo libre a Mercado Libre y a las editoriales grandes. Estas editoriales grandes no son de capitales nacionales: Planeta es de capital español, Penguin de capital inglés. Y las editoriales independientes son todas de acá, y dan mucho laburo. Las grandes hace rato que vienen reduciendo su personal por un montón de cuestiones. Antes tenían viajantes, por ejemplo, que iban a todas las librerías: eso ya casi no existe. Ya ni siquiera venden directamente a librerías, sino que lo hacen a través de distribuidoras o por sus canales de ventas. Y nunca a pesar de todas esas reducciones de costos nunca bajaron el precio del libro”.

Si todo el gremio está de acuerdo con esta ley, como dice el presidente de la Cámara Argentina del Libro, la pregunta es por qué el Ejecutivo busca derogarla. ¿Se trata de una cuestión meramente ideológica de desregulación general o algún actor sale beneficiado? “Yo creo que leyeron ‘precio fijo’ y se asustaron”, arriesga Pampín. “A mí todo esto me recuerda a Fernando Peña, el de Filmoteca”, dice el librero de Chivilcoy. “Da el ejemplo del cine, de cuando pasaron de la pasta, de esos rollos a lo digital, que eliminaron un montón de gastos que tenían de flete, de subtítulos. Y el precio de la entrada nunca bajó. Con el libro pasa lo mismo”.

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Declaración de ASOFIL ante la grave situación del país

La Argentina vive en estos momentos una situación bisagra y contradictoria: a la vez que celebra sus cuarenta años ininterrumpidos de vida democrática (luego de sucesivos y cruentos golpes de estado) ha accedido al gobierno de la Nación un Presidente, Javier Milei, que si bien tiene legitimidad de origen en el voto popular carece de legitimidad en su ejercicio. En menos de un mes de actividad en el poder estatal son totalmente explícitas sus tentaciones de ejercerlo de manera omnímoda.

Una ley ómnibus pomposamente denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», intenta vanamente remedar a una de las más importantes fuentes de inspiración de nuestra actual Constitución Nacional, el pensamiento expresado por Juan Bautista Alberdi en sus “Bases y Puntos de Partida para la Constitución política de la República Argentina” (texto escrito en 1852). Aquello que Alberdi ayudó a constituir –luego de largas décadas de enfrentamientos fratricidas durante el siglo XIX- el Presidente Milei pretende pulverizarlo en unos pocos días. La estricta separación de poderes en que se basan las democracias modernas (en Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se reemplaza en esa Ley Ómnibus por una omnímoda y dictatorial sumisión al primero de ellos, ya que se le pide al Congreso de la Nación la delegación de “facultades extraordinarias” para los cuatro años de duración de su mandato.

Al calor de esa delegación (expresamente prohibida en el texto constitución vigente, artículo 29) esta Ley de más de 600 artículos enajena el patrimonio nacional, destruye su sistema monetario, establece un peligroso sistema de vigilancia social, lesiona gravemente su política exterior, asfixia su sistema educativo, sanitario y laboral, se crean “tribunales especiales” y otra serie más de graves anomalías que, en síntesis, hacen retroceder el país a los tiempos más precarios y nefastos de su historia. Por todo ello esta Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales (ASOFIL)
institución libre del pueblo con más de cuarenta años de actuación nacional e internacional:


1°) Apoya la multitud de reclamos judiciales que ya ha desatado su presentación parlamentaria y reclama su rechazo por parte los senadores y diputados nacionales que lo conforman, así como el accionar de la mayoría de los gobernadores provinciales que ya se han expresado al respecto.

2°) Alienta y acompaña el accionar del movimiento obrero organizado, de los movimientos sociales y de los partidos políticos en ese mismo sentido. Unidad indispensable para preservar elementales derechos adquiridos a través de muchos años de luchas en favor de la justicia social, los derechos humanos y el bienestar general de la Nación.

3°) Compromete además su accionar en el campo específico de la filosofía, la educación, las artes y las ciencias en que desenvuelve sus actividades.

Consejo Académico de ASOFIL
Buenos Aires, 2 de enero de 2024.